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Por Daniel Barros.

Y ahora en 2013 estamos a 21 años de la nefasta ley de la "Patada en la Puerta" creada por el ministro socialista Corcuera durante el último gobierno de Felipe González, ley que posteriormente fue tumbada por el Tribunal Superior. Pero esos 21 años son solamente una distancia cronológica lineal, la verdadera distancia es mucho mayor y estamos retrocediendo de lleno a los tiempos de la dictadura de Franco. La mentalidad de los actuales gobernantes españoles ha sido formada en esa época negra de la historia española y sus tics son los propios de una dictadura en donde la legislación se elabora a medida y en donde los derechos y garantías quedan abolidos.

En estos momentos se le están dando los últimos retoques al anteproyecto de la nueva ley de Seguridad Ciudadana. La casta política no legisla para proteger a los ciudadanos, legislan para protegerse ellos y coherentemente quieren convertir en delito y hacer sancionable a todo tipo de protesta ciudadana. Dentro de su ignorancia, arrogancia y prepotencia no entra el que si fuerzas algo hacía un fin, produces lo contrario. Este proyecto de ley evidencia la profunda desconexión existente entre los gobernantes y la ciudadanía, brecha cada día mayor producida por el rechazo que provocan la corrupción, el paro, la impunidad, los desahúcios, las privatizaciones y eliminación de servicios públicos esenciales, los repagos, el deterioro y miseria económica, la injusticia de la justicia y en definitiva toda la gama de violencia de un sistema inhumano que atenta cotidiánamente contra las personas.

Esta pretendida ley del gobierno de Rajoy es un atentado al derecho de reunión y manifestación que está amparado por la Constitución española, además castiga de forma preventiva pues sancionaría hechos que aún no suceden al multar con sumas de hasta 600.000 euros la convocatoria de una futura manifestación mediante las redes sociales.

 

INFRACCIONES MUY GRAVES: Multadas con entre 30.001 a 600.000 euros.
 

  • La grabación y difusión de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de su trabajo que atenten contra el derecho a su honor o su imagen y que puedan poner en peligro su seguridad o la de la intervención policial correspondiente.
  • La perturbación grave del orden en actos públicos, religiosos, deportivos o espectáculos de otro tipo.
  • Las concentraciones no comunicadas ante instituciones del Estado como el Congreso, el Senado, los parlamentos autonómicos o los altos tribunales, aunque en ese momento no tengan actividad.
  • Las protestas no comunicadas o prohibidas ante infraestructuras críticas, como centrales nucleares o pistas de aeropuerto.
  • Los escraches o actos de acoso a cargos públicos. La ley contemplará que la Policía pueda establecer un perímetro de seguridad que no deben sobrepasar los concentrados.
  • Deslumbrar con dispositivos tipo láser a conductores de tren, metro o pilotos.
     

INFRACCIONES GRAVES: Multadas con entre 1.001 a 30.000 euros
 

  • Alterar el orden público encapuchado o con cualquier elemento que dificulte la identificación.
  • Amenazar, coaccionar, vejar e injuriar a los agentes de las fuerzas de seguridad cuando estén velando por el mantenimiento del orden público, por ejemplo en manifestaciones u otro tipo de protestas.
  • Los daños a mobiliario urbano como marquesinas, papeleras o contenedores, así como los actos vandálicos a servicios públicos.
  • Obstaculizar la vía pública con neumáticos u otros enseres que impidan la normal circulación de vehículos y personas.
  • Escalar como acción de protesta edificios públicos o precipitarse desde los mismos.

 

La libertad no es algo que se le pueda pedir a un sistema inhumano como el actual, pero este sistema no es algo abstracto, tiene nombres y apellidos y lo representan quienes ocupan el poder y sus cómplices de la banca usurera, las grandes empresas y los medios de desinformación masiva que actúan de altavoces. Es a ellos a quienes hay que exigir la retirada de este proyecto de ley antidemocrático que coharta y sanciona la libertad de expresión y manifestación de los ciudadanos.
Es muy problable que el rodillo parlamentario de una mayoría absoluta termine aprobando este engendro legal, pero de ningún modo contará con la colaboración ciudadana, a pesar de las multas y las penas de cárcel. La represión nunca ha sido una solución en ningún país y tan solo ha servido para traer más dolor y sufrimiento a la sociedad.

Cada día es más evidente que este sistema inhumano ya no tiene arreglo, que está muriendo y que su reemplazo es necesario y posible. Hoy la lucha no es por un salario mejor o por unos días más de vaciones, hoy la lucha que se manifiesta de muy diversas maneras con nuevas formas y lenguajes es por un mundo nuevo y mejor donde el valor más alto sea el ser humano.

 

Ficnova 2014

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